La mercadería provenía de secuestros en operativos realizados en rutas y establecimientos agrícolas en distintos puntos del país y luego vendida según los lineamientos de la normativa vigente.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por medio de la Dirección General Impositiva (DGI) remató granos por más de $378 millones de pesos en subastas abiertas al público.
La mercadería provenía de secuestros en operativos realizados en rutas y establecimientos agrícolas en distintos puntos del país y luego vendida según los lineamientos de la normativa vigente.
Las sumas recaudadas fueron puestas a disposición de la Tesorería General de la Nación para el financiamiento de políticas públicas.
En Santa Fe, la DGI incautó 66,6 toneladas de granos provenientes de operativos en donde los agentes del organismo que conduce Carlos Castagneto desarticularon maniobras irregulares de operadores que no pudieron comprobar la trazabilidad de la mercadería, así como falta de documentación respaldatoria del origen y traslado de los productos agrícolas.
Las tareas desplegadas incluyeron controles de ruta y control de stock mediante procedimientos de cubicajes.
A consecuencia de estos operativos, la AFIP procedió a la interdicción de la mercadería involucrada que luego se remató en una subasta por $1,5 millón destinados al Tesoro nacional.
En tanto, en Chaco el personal del organismo incautó 7.900 toneladas de maíz y maíz partido que se subastaron en $200 millones, suma que también fue transferida al Tesoro nacional.
Por su parte, en Campana la AFIP realizó fiscalizaciones en distintos galpones de una terminal portuaria durante los cuales interdictó y decomisó 82 toneladas de maíz partido que se encontraban almacenados y que mostraba inconsistencias en su documentación respaldatoria.
Los inspectores de la DGI corroboraron que algunos de los remitentes del maíz consignados en las cartas de porte (documento que ampara la carga, traslado y descarga de la mercadería) eran productores que carecían de cualquier tipo de capacidad operativa.
También verificaron que en otros casos habían sido inscriptos en el organismo en los días previos por lo que no pudieron acreditar la existencia del grano liquidado. Asimismo se detectó la utilización indebida de claves fiscales para la obtención de las cartas de porte.
Como resultado de esa serie de irregularidades detectadas en ese operativo, se presentó una denuncia penal en la justicia federal de Campana, que ordenó la liquidación de los granos en una subasta en la que se recaudaron $85,3 millones, los cuales fueron destinados al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
