El Gobierno tiene mucho para festejar desde el punto de vista político y económico. Pocos esperaban a principios de 2017 que Cambiemos conseguiría más de 40% a nivel nacional y que terminaría venciendo a Cristina Kirchner por un significativo margen en la provincia de Buenos Aires, tras unas PASO muy parejas. Y la economía también funcionó mejor de lo vaticinado. Prácticamente todos los sectores muestran claros signos de recuperación y hasta la industria consolidó su mejora, aún con un contexto preocupante marcado por el atraso cambiario.
Para el 2018 se espera que la actividad también crezca, alrededor del 3%, repitiendo lo del 2017. Pero aún así podría haber alguna sensación de enfriamiento. Sucede que este año deja un “arrastre estadístico de 1,5%, por lo que no sería tanto lo que se agregue genuinamente a la expansión. Pero igual no deja de ser novedoso que la economía muestre dos años consecutivos de crecimiento, dejando atrás la lógica de recuperación en años electorales (más gasto público) y recesión en los años que no se vota (ajuste).
Está claro que no sólo la gente le dio su respaldo al Gobierno en las últimas elecciones. También hay un apoyo muy sólido de parte de los inversores. La suba de los bonos argentinos y la consiguiente caída del riesgo país han resultado una constante a lo largo de todo el año. Pero también empieza a notarse más interés por extender el horizonte a plazos más largos. Esto parece mucho más factible luego del resultado de las elecciones de octubre, pensando en la presidencial del 2019.
Por eso el próximo paso será el de asegurar mejores condiciones a quienes opten por invertir en el país. Incluyendo a los propios argentinos, que como suele suceder en estos procesos son los que terminan dando el primer paso.
Hay muchas maneras para consolidar esa confianza. Que las calificadoras de riesgo le suban la nota a la deuda del país es una de ellas. Que el país sea una gran vidriera internacional al haber asumido la presidencia del G-20 por un año es otra. Pero todo eso no alcanza. También habrá que demostrar que de una buena vez se aprendió de los errores del pasado.
La nueva suba de tarifas de diciembre para luz y gas vuelve a pegarle al bolsillo, y lo mismo sucederá con los incrementos del transporte a lo largo de 2018. Pero es el costo que hay que pagar para dar una señal de austeridad y de “normalidad” luego de tantos años de congelamiento de precios y subsidios que pasaron de 0,5% a 5% del PBI en apenas una década.
Empezar a mostrar señales concretas de reducción del déficit fiscal es el principal objetivo del equipo económico de cara al 2018. Es permitirá acompañar mejor los esfuerzos para bajar la inflación, que terminó mucho más alta de lo que la mayoría esperaba en 2017. Y una menor dependencia del financiamiento internacional permitiría además atacar las razones fundamentales del atraso de cambiario y de otro de los problemas que se vuelve más acuciante, como es el déficit de cuenta corriente.
En definitiva se va un año con balance ampliamente favorable para la Casa Rosada, pero sin mucho margen para relajarse. La famosa “herencia recibida” quedó atrás y ahora arranca una nueva etapa, a puro “Cambiemos”. Será importante no desviarse mucho del horizonte planeado para que la recuperación de la economía no dure un ratito y para que el país esté más preparado para el caso de un shock internacional, que nunca conviene descartar de antemano.
