Corredores Viales es responsable de sectores clave de las rutas nacionales, como las rutas 3, 5, 7, 8 y 9, además de gestionar las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.
El Gobierno anunció hoy que avanzará con la privatización de casi 6.000 kilómetros de autopistas y rutas en todo el país, permitiendo la participación de capitales privados en la empresa pública Corredores Viales.
Esta decisión busca reactivar la infraestructura vial, ya que el 45% de las rutas operadas por la compañía se encuentran en estado crítico, con contratos de obra paralizados y un atraso tarifario del 45% respecto a la tarifa técnica.
Corredores Viales es responsable de sectores clave de las rutas nacionales, como las rutas 3, 5, 7, 8 y 9, además de gestionar las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. Según el Gobierno, los privados que se sumen al proyecto deberán ejecutar obras de infraestructura a su propio costo y riesgo, a cambio del derecho a cobrar peajes a los usuarios.
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El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que este modelo pone fin a la “patria contratista”, donde los peajes subían pero las rutas se deterioraban. Además, explicó que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de gestionar la extinción de los contratos actuales, la disolución de Corredores Viales y la adjudicación de nuevas concesiones.
Detalles clave del plan:
- Estado crítico de las rutas: El 45% de la red vial operada por Corredores Viales requiere urgentes mejoras.
- Deudas y pérdidas: En 2023, la empresa registró pérdidas acumuladas de 268milmillonesyunadeudaconproveedoresde142 mil millones.
- Financiamiento público: Los argentinos aportaron $301 mil millones para sostener la empresa en los últimos años.
- Beneficios para el sector privado: Los nuevos contratos permitirán mayor flexibilidad en la subcontratación de obras, sin las restricciones de la ley de obra pública.
Este plan busca modernizar la infraestructura vial del país, mejorar la calidad de las rutas y reducir la carga financiera del Estado. Sin embargo, también genera debates sobre el impacto en los usuarios, quienes deberán asumir el costo de los peajes.
