La calificadora consideró que es “inevitable” fiscal luego de las elecciones gane quien gane y Reiteró que el país se encamina a un “evento de crédito”. También comentó qué podría pasar si el ganador de las elecciones es Massa o Milei.
La calificadora Moody’s difundió un extenso documento de cara a las próximas elecciones presidenciales, en el que analizó con crudeza la compleja situación de la economía argentina y los desafíos que hay por delante. También se concentró en las opciones que ofrecen los dos candidatos que quedaron para el ballotage, considerando que Sergio Massa propone cambios graduales, mientras que la propuesta de Javier Milei implica medidas más drásticas. “Cualquiera que gane igual deberá implementar ajustes macro”, señala.
Moody’s indicó que “el bajo nivel de reservas en moneda fuerte del BCRA representaría un gran obstáculo para los planes de Milei de dolarizar la economía. Además, a pesar de la firme voluntad de
adoptar fuertes ajustes, como la adopción del dólar como moneda oficial, el apoyo político de Milei en el Congreso sería limitado, especialmente en lo que respecta a las medidas que generan malestar económico”.
“En este sentido -agregan- el gobierno de Massa se beneficiaría de un mayor apoyo legislativo, pero probablemente optaría por realizar ajustes graduales que prioricen las consideraciones políticas por encima de la política económica para detener la caída de las reservas”.
A continuación, un resumen de las principales consideraciones efectuadas por la calificadora:
Un ajuste macrofiscal es inevitable independientemente de quién gane. Los importantes desequilibrios macroeconómicos y fiscales —que frenan la actividad económica, distorsionan los precios relativos y reducen el poder adquisitivo— exigen medidas de parte del candidato que sea electo. La probabilidad de un Congreso más dividido políticamente también influirá en la capacidad del próximo gobierno de implementar políticas que aborden estos problemas.
Las distorsiones económicas aumentan el riesgo de que se produzca un evento de crédito soberano en 2024-2025. El resultado del balotaje determinará si la economía está preparada para enfrentar un período prolongado de deterioro gradual, ya sea bajo el gobierno de Sergio Massa, que adoptará medidas correctivas menores para evitar la agitación política y social, o el gobierno de Javier Milei, que se verá limitado por desafíos de gobernabilidad que obstaculizarán su ambiciosa agenda de reformas.
» La calidad crediticia de las empresas no financieras empeorará a causa de los problemas económicos. Los controles de capital dificultan el refinanciamiento de la deuda externa, y esto aumenta el riesgo crediticio. A pesar de esta situación, la fortaleza financiera de las empresas argentinas se mantendrá relativamente sólida, con una relación deuda bruta/ebitda muy inferior a la de otras empresas calificadas en Caa. Las amortizaciones de bonos a corto plazo son manejables, pero los riesgos de refinanciamiento aumentarán en 2025, especialmente en el caso de la deuda externa.
La exposición del soberano incrementa el riesgo de los bancos, mientras que la incertidumbre política ejerce presión sobre los depósitos. Si bien existe el riesgo de que las ganancias no sean suficientes para reponer el capital en términos reales, el capital y la liquidez de los bancos respaldan su calidad crediticia. Los bancos tienen una baja penetración crediticia, una exposición contenida —aunque creciente— a la deuda pública soberana y un bajo nivel de intermediación de los ahorros en moneda extranjera.
» Habrá cambios de tarifas y subsidios en los servicios públicos, el sector energético y los gobiernos regionales. En el caso de las empresas de servicios públicos, existe cierta preocupación en torno a la capacidad de pago de los clientes, lo que dificultará cualquier cambio estructural. En el sector energético, los subsidios, la intervención del gobierno y la inversión en energías renovables continuarán con un gobierno de Massa. En cuanto a los gobiernos locales y regionales, un gobierno de Milei probablemente les dará más autonomía fiscal a las provincias, pero su capacidad para lograrlo será limitada.
