De acuerdo con una proyección de Invecq Consultora, la factura energética se encarecerá este año, desde los 11.000 millones de 2021.
Los subsidios a la energía subirán a unos 14.500 millones de dólares en 2022, a pesar del ajuste y segmentación de las tarifas que el Gobierno aplicará a principios de este año, de acuerdo con una proyección de la Invecq Consultora.
La velocidad a la que se han venido atrasando las tarifas de servicios públicos en los últimos dos años es alarmante. Entre 2019 y 2021, el servicio de electricidad se ha abaratado en un 50% en el AMBA para un consumo tipo y 40% en el resto del país, indicó el reporte.
Invecq completó que, en comparación con el anterior proceso de fuerte atraso tarifario (2002-2015) el ritmo de la caída actual es significativamente mayor: para alcanzar el abaratamiento actual del 50% en dos años se requirieron seis años en el periodo anterior. La alta tasa de inflación genera que ante el mismo congelamiento nominal de la tarifa el atraso real y la divergencia entre precios y costos viaje a un ritmo mucho mayor.
Invecq agregó que la contracara de este fenómeno es el incremento del gasto público destinado a los subsidios.
El 2021 concluyó con una factura para el Estado nacional de 11.000 millones de dólares en concepto de subsidios energéticos, un 150% más que los 4.400 millones de dólares que se habían destinado en 2019.
“Por lejos, esta es la partida que mayor desajuste ha generado en las finanzas públicas y es por ello que está en el centro del debate dado el compromiso asumido por el gobierno de reducir el déficit primario durante este año al menos a un 2,5% del PBI partiendo de 3,1%. Sin embargo, hay dos grandes escollos que parecen atentar contra una reducción del déficit por esta vía”, indicó el informe.
Invecq explicó que la primera es de carácter externo: el precio internacional de los combustibles que se utilizan para la generación de energía se encuentra en récords históricos. En relación al año pasado el precio del GNL, por ejemplo, se ha triplicado en dólares.
“El gobierno estaría especulando con una posible merma en los próximos meses, pero al mismo tiempo ha comenzado a licitar y adjudicar algunos cargamentos en estos valores para asegurarse el abastecimiento”, indicó.
Aunque sea solo una parte del costo total de la generación de energía, si las importaciones costarán tres veces más que el año pasado será difícil lograr reducir los subsidios. “El segundo problema es puramente interno y político. Así como el año pasado no fue posible dentro de la coalición de gobierno avanzar con un ajuste tarifario, este año parecería no poder lograrse nada mejor que la cuestionable segmentación que se dio a conocer a la prensa durante esta semana y un ajuste generalizado de aproximadamente 20% (bien por debajo del aumento de la inflación y de los costos) para el resto de los usuarios”, amplió.
“Más allá de los cuestionamientos legales que el avance de esta estrategia de discriminación de precios y subsidios cruzados podría enfrentar dados los marcos normativos vigentes, el total de usuarios que abarca la segmentación es apenas un 10% del total de usuarios del sistema energético”, mencionó.
Invec agregó que en el sistema de energía eléctrico, para eliminarle por completo los subsidios a la generación de los cuales actualmente este subgrupo se beneficia habría que incrementarle el valor de su factura eléctrica un 130% aproximadamente y luego, para que no vuelvan a tener que se subsidiados, ir siguiendo el camino que marque la inflación a lo largo del año, que no estará por debajo del 50% del año pasado.
“Considerando este aspecto el aumento 2022 versus los valores promedio 2021 superaría el 240%. Y todo esto sin considerar actualizaciones para los componentes del transporte y la distribución que en el AMBA representan cerca del 30% de la tarifa antes de impuestos”, amplió.
Y agregó que, aun suponiendo que lo expuesto anteriormente fuera legal y políticamente viable, eso solo recaería sobre el 10% de los usuarios mientras que para el otro 90% no podría haber aumentos superiores al 20% nominal.
Pero un aumento del 20% en un contexto de inflación promedio del 55% en realidad implica un nuevo año de atraso tarifario y, en consecuencia, de más aumento de los subsidios.
La cuenta no es muy difícil: si al 10% se le eliminan por completo los subsidios, pero al 90% se le incrementan es imposible que haya una reducción neta de subsidios. “Según nuestras proyecciones con el esquema tarifario que el gobierno estaría impulsando, lejos de lograr un ahorro en subsidios debería incrementarlos a lo largo de este año, llegando a superar los 14.000 millones de dólares, monto similar al de 2016 cuando el ajuste tarifario del exministro Aranguren recién comenzaba”, calculó Invecq.
El informe comentó que las implicancias de todo esto son centrales para el acuerdo con el FMI y el devenir de la macroeconomía.
