La Rioja y Jujuy emitieron este año bonos verdes vinculados a las energías renovables, dando inicio a la tendencia en el país. Para que este nicho de mercado crezca hace falta avanzar en capacitación y en la adopción de buenas prácticas. Los bancos privados comienzan a sumarse.
Líneas de crédito, fondos y los llamados bonos verdes son algunos de los instrumentos que forman parte de las finanzas sustentables, una tendencia que llegó al país este año a través de papeles emitidos por los gobiernos de La Rioja y Jujuy, orientados a proyectos de energía renovable.
Aunque las finanzas verdes comenzaron a gestarse en el mundo hace más de veinte años, recién en 2017 comenzaron a tomar impulso aquí. Y los especialistas van más allá: este es el momento ideal para que comiencen a afianzarse ya que la Argentina asumirá la presidencia del Grupo de los 20 en 2018.
Además, el presidente Mauricio Macri lanzó la segunda edición del Plan Renovar, por el que los sectores público y privado promoverán las energías limpias y el cuidado del medio ambiente. La iniciativa incluye la promoción de parques eólicos y solares, plantas de biogás y biomasa, además de energía hidroeléctrica. Con todo, se prevén inversiones por u$s 15.000 millones durante los próximos ocho años, que podrían canalizarse a través de las incipientes finanzas sustentables.
“Este concepto está ligado directamente con la incorporación al análisis financiero de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por su sigla en inglés), ya sea desde el lado de los bancos a la hora de otorgar un crédito como también de los inversores al elegir portafolios más sustentables. Las finanzas tradicionales ven la última línea, el bottom line, que es cómo cierra el balance. En este caso, no solamente eso es importante, sino también el balance ambiental y social, lo que se llama triple bottom line”, explica Pablo Cortínez, focal point de Finanzas Sustentables en Fundación Vida Silvestre para WWF.
Según el especialista, la radiografía de los bonos verdes emitidos en 2016 a nivel global muestra que la energía fue el principal destino, concentrando 38% del total; en tanto, construcción y transporte representaron 18% y 16%, respectivamente. En orden de importancia decreciente le siguieron agua (14%) y, con porcentajes menores, manejo de residuos, agricultura y forestación.
El año pasado se emitieron bonos verdes por u$s 80.000 millones en el mundo, mientras que en el primer semestre de este año se manifestó un aumento del 50% con respecto al período anterior. En tanto, la calificadora Moody’s estima que en 2017 se superarán los u$s 200.000 millones.
Por el lado de la oferta, participan de las finanzas sustentables los municipios, gobiernos y bancos públicos o privados que instrumentan préstamos o bonos siguiendo lineamientos y certificaciones internacionales. Por el de la demanda, aparecen inversores individuales con intereses específicos, como el cuidado del medio ambiente.
Primeras experiencias locales
Latinoamérica acompaña de a poco la “onda verde”. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil captó u$s 1.000 millones para proyectos eólicos y solares, en tanto el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex) emitió u$s 66,5 millones en bonos verdes.
“Uno de los principales emisores de la región es México, que tiene en marcha un proyecto para construir un nuevo aeropuerto en el Distrito Federal que cumple con ciertos requisitos ambientales”, agrega Cortínez.
A principios de este año, la provincia de La Rioja hizo punta al colocar u$s 200 millones en títulos de deuda pública a través de los denominados bonos verdes o green bonds. De ese monto, u$s 170 millones se utilizarán para financiar la expansión de las instalaciones eólicas de Parque Arauco, que comprende la incorporación de 26 nuevos generadores. Los restantes u$s 30 millones se destinarán a proyectos de obras públicas amigables con el medio ambiente.
“La emisión de La Rioja fue la primera transacción de este tipo en el mercado de capitales internacional por parte de un emisor argentino. La calificación obtenida, la E1, es una de las más altas otorgadas por Standard and Poor’s (S&P) este año, y es, a la fecha, la tercera mayor entre emisores públicos y corporativos a nivel global. Creemos que esto servirá como base para que otros emisores consideren la categorización ‘verde’ y ayuden a difundir a nivel regional las ventajas de unir las finanzas con la sustentabilidad ambiental”, señala Nicolás Jensen, head de sector público en PUENTE, entidad financiera que actuó como co-manager y colocador local principal de la operación, junto a UBS (Unión de Bancos Suizos).
Los títulos de La Rioja se colocaron a una tasa fija de 9,75% en dólares, a un plazo de ocho años y con una amortización en cuatro pagos.
Jensen admite que esta herramienta aún es poco utilizada por emisores latinoamericanos, tanto a nivel corporativo como público. “Los proyectos actuales se expanden a lo largo del país, pero se centran en el desarrollo de energías renovables, transporte limpio y sustentable, como también en el desarrollo de infraestructura eficiente que reducirá el impacto ambiental de prácticas poco sustentables o ineficientes”, dice el especialista de PUENTE.
Hace pocos meses, la provincia de Jujuy colocó un bono verde en el mercado internacional para completar el financiamiento del Parque Solar de la Puna. Obtuvo u$s 210 millones a un plazo de cinco años y una tasa del 8,625% anual. La provincia aspira a generar la mitad de su demanda eléctrica con energías renovables este año y a aumentar su generación de energía solar en 2,5 veces en ocho o nueve años, según el prospecto del bono.
Los privados también se animan
El Banco Galicia fue una de las primeras entidades financieras privadas en incorporarse a las operaciones sustentables. En 2010 creó el Fondo para la Conservación Ambiental con el objetivo de financiar proyectos de investigación que procuren la conservación de los recursos naturales de nuestro país.
“Las iniciativas que hemos recibido provienen de diferentes puntos del país y representan tanto a organismos públicos como universidades y organizaciones de la sociedad civil. En total, en las siete ediciones pasadas ya se han evaluado 802 proyectos y se otorgaron incentivos a 38 investigaciones. Si bien a lo largo de las ediciones fuimos incrementando el monto que se otorga a las investigaciones, en la actualidad el mismo es de $150.000 para cada proyecto ganador”, explica Constanza Gorleri, gerente de sustentabilidad Banco Galicia.
Otra de las iniciativas de la entidad es la línea de créditos Mezzofinanzas, lanzada en 2015 para acompañar a startups, proyectos y emprendimientos que sean sustentables e innovadores, generen alto impacto social o ambiental, posean vocación de escala y busquen soluciones a problemas sociales y ambientales con abordaje de mercado.
“Los destinatarios son personas físicas o jurídicas y ONG. Puede ser utilizado para inversión productiva y capital de trabajo. El monto máximo de financiación por proyecto es de $3 millones. Tiene una tasa nominal anual (TNA) del 17% y un período de hasta 60 meses con 12 de gracia sobre el capital”, resume Gorleri.
Entre los criterios que evalúa la entidad antes de otorgar el crédito se contempla que los emprendimientos generen puestos de trabajo en zonas de baja oferta de empleo, que contraten personas o proveedores con foco en la inclusión, que contribuyan a la disminución de la pobreza y que promuevan valores de honestidad, cooperación y ética del trabajo.
“En cuanto a los criterios ambientales, por ejemplo, se considera que ofrezcan servicios o productos que promuevan las ‘3R’ (reducir, reutilizar y reciclar), que incorporen el concepto de producción limpia utilizando insumos y procesos de menor huella de carbono o hídrica. Asimismo, se considera si el proyecto ofrece servicios, tecnologías o productos que promuevan la restauración de ecosistemas, de cauces de agua, bosques o pastizales”, agrega la gerente del Galicia.
¿Verde esperanza?
Los especialistas coinciden en que, para que crezca y se expanda el financiamiento sustentable, hace falta más conocimiento sobre el tema, además de seguir lineamientos y certificaciones internacionales que avalen las iniciativas.
No se trata solamente de poner un sello verde a los proyectos de inversión, sino también de realizar un seguimiento de todo el proceso. De acuerdo con una encuesta realizada en 2014 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación Vida Silvestre entre 24 bancos que operan en la Argentina, el 42% admitió que en el corto plazo no consideraban adoptar aspectos ambientales en el análisis de operaciones. Pero el 100% de las entidades que participaron estaban muy interesadas en capacitarse y ver qué se estaba haciendo en la región.
“Hay un nuevo mercado y al principio hay mucho desconocimiento. Para eso existe la estandarización, con criterios de selección y evaluación de los proyectos, el reporting y el seguimiento de los mismos. Hay distintas entidades que se ocupan de estos estándares, incluso por sectores. Y es un tema que está en constante evolución. Hay certificaciones de sustentabilidad que pueden servir de reaseguro. Por ejemplo, la RPRS para la soja o la FSC para forestales”, dice Pablo Cortínez. Fundación Vida Silvestre trabaja en dos programas que apuntan a la soja y la carne vacuna sustentable en la región chaqueña.
Cortínez agrega que las inversiones institucionales, como los fondos de inversión, piden cada vez más que los proyectos financieros sean sustentables. Sobre todo, es una tendencia que se da en Europa, y para la que existen varios criterios, como los PRI (principios de inversión responsable), que nacieron en las Naciones Unidas hace más de quince años.
La cantidad de signatarios dentro del PRI ya superó los 2.000, y los activos están en el orden de los u$s 68 billones a nivel mundial.
El Banco Galicia también pone el acento en el monitoreo de los proyectos sustentables. “Una vez otorgado el financiamiento, donde ya se verificó el impacto positivo que produce, la medición se realiza mediante la verificación del crecimiento del proyecto. Es decir que lo acompañamos en todo este proceso y le brindamos las herramientas necesarias para continuar su crecimiento”, destaca Constanza Gorleri.
Desde ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos) se formó el Comité de Finanzas Sostenibles, del cual Banco Galicia forma parte, y que tiene como fin lograr mejores prácticas en la región. “Es un espacio de intercambio y construcción colaborativa en el que buscamos también capacitar a las entidades financieras para la promoción de mejores prácticas socioambientales y desarrollar canales de comunicación con los reguladores”, explica Gorleri.
En Puente esperan que el mercado se siga afianzando. “A pesar del crecimiento experimentado en los últimos años, el potencial de este mercado todavía está subutilizado. A medida que continúe desarrollándose la tecnología sustentable, se continúe reduciendo el costo operacional de la energía renovable y se sigan priorizando los proyectos o actividades con beneficios ambientales, las finanzas sustentables ocuparán un rol cada vez más central como herramienta de financiamiento. Esperamos que esta tendencia se mantenga principalmente por dos factores: estos instrumentos conectan la economía real y la lucha contra el cambio climático, y cada vez más instituciones financieras enfocan y analizan sus inversiones en función de su impacto ambiental y social”, afirma Nicolás Jensen.
EL ABC de las certificaciones
Mientras avanza la emisión de bonos y fondos sustentables, en el mercado financiero ya existe un menú de instrumentos de medición y certificación que apoya la credibilidad de este tipo de inversiones.
- FSC (Forest for All Forever). Esta certificación se concede por el manejo responsable de un área forestal o una plantación. La madera y otros productos derivados de árboles procedentes de bosques pueden ser sometidos a muchos procesos antes de convertirse en un producto, por lo que la certificación FSC de cadena de custodia rastrea el material desde el bosque hasta el comercio.
- RTRS (Round Table on Responsible Soy). Este estándar garantiza que la soja, como materia prima o como producto derivado, tuvo su origen a través de un proceso ambientalmente correcto, socialmente adecuado y económicamente viable. Así, es posible demostrar que los productos provienen de una gestión de producción responsable. La certificación es válida por cinco años.
- MSC (Marine Stewardship Council). Este estándar de pesca está diseñado para evaluar si una actividad está bien gestionada y es sostenible. Fue desarrollado en colaboración con la industria pesquera, científicos y grupos conservacionistas. Solo pueden llevar la ecoetiqueta de MSC aquellos productos de mar procedentes de pesquerías debidamente certificadas.
- PRI (Principles for Responsible Investment). La certificación alienta a los inversores para mejorar el rendimiento y gestionar mejor los riesgos, pero no opera en beneficio propio. Se relaciona con los diseñadores de políticas globales y no está asociado con ningún gobierno. Es apoyada por las Naciones Unidas.
- Índices de Bonos Sustentables. Desde 2000 se calculan y publican dos índices mundiales de sustentabilidad: el Dow Jones Sustainability y el FTSE 4Good. Ambos analizan más de tres mil compañías en todo el mundo para integrar un índice global con alrededor de trescientas empresas cada uno.
