La Justicia desplazó al directorio de Vicentin por la grave crisis financiera que atraviesa la empresa y designó interventores por 120 días para evitar su colapso. La firma acumula deudas millonarias, plantas cerradas y su futuro operativo está en riesgo.
La agroindustrial Vicentin recibió un duro revés judicial: la Justicia ordenó la intervención de su órgano de administración, suspendiendo de manera provisoria al actual directorio y designando en su lugar a dos interventores judiciales que asumirán el control total de la empresa durante 120 días hábiles.
La medida fue dispuesta por el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien nombró a Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg, hasta ahora veedores del proceso, como responsables de conducir la firma en esta etapa crítica.
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Según el fallo, la empresa no tiene liquidez, enfrenta una deuda posconcursal superior a los $30.000 millones y mantiene cerradas sus principales plantas industriales. El juez advirtió que la intervención busca evitar la “aniquilación total de la actividad productiva” y proteger una compañía que aún podría ser viable.
La decisión se tomó en el marco del artículo 17 de la Ley de Concursos y Quiebras y persigue tres objetivos clave: prevenir daños mayores, proteger la operatividad de la empresa y anticiparse a una eventual quiebra liquidativa.
Además, se dictó una medida inhibitoria anticautelar que impide a proveedores cortar servicios esenciales como electricidad, gas, seguridad o transporte. Incluso se ordenó el restablecimiento inmediato de aquellos ya interrumpidos, incluyendo los brindados por organismos públicos como ARCA y gobiernos municipales.
Los directivos Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Estanislao Bougain fueron suspendidos sin goce de sueldo y deberán colaborar con los nuevos interventores, quienes tendrán 10 días para presentar un plan de trabajo, identificar áreas críticas, convocar equipos de gestión y articular con la sindicatura y los acreedores.
El magistrado fundamentó la intervención en la inacción del directorio frente al agravamiento de la crisis, la ausencia de medidas para evitar la caída operativa y el cierre unilateral de las plantas de Ricardone, Avellaneda y San Lorenzo.
“El actual directorio naturalizó la parálisis societaria, abrazando como única certeza la espera pasiva de un salvataje”, expresa la resolución.
La medida judicial se produce poco después de que Vicentin lograra reactivar parcialmente las plantas de Avellaneda y Ricardone, a partir de un acuerdo con la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías S.A., que anticiparon pagos por fasones de girasol y etanol. Esto permitió abonar un 40% de los salarios de marzo y se comprometieron nuevos desembolsos para fin de mes, aunque aún hay un 20% de sueldos sin garantía de pago.
Para el juez Lorenzini, la continuidad del esquema actual “carece de condiciones mínimas de previsibilidad y responsabilidad”, por lo que la intervención judicial se impone como “única salida razonable para proteger los intereses de todos los involucrados”.
Vicentin continúa arrastrando un default por más de US$1.500 millones desde diciembre de 2019. Los interventores deberán presentar informes mensuales sobre la evolución del plan de acción.
