Varias compañías dedicadas al negocio crediticio fueron sumariadas por “conductas abusivas o fraudulentas” por la subsecretaría de Defensa del Consumidor. El Central ya les había impedido a las empresas del sector a cobrarle a los clientes vía débito “recurrente”.
Empresas no bancarias que prestan servicio de crédito fueron denunciadas penalmente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional por “estafa, usura crediticia y violación de datos personales en bases de datos públicas o privadas”. Los mayores damnificados son jubilados y beneficiarios de AUH (Asignación Universal por Hijo).
Además, fueron sumariadas por conductas abusivas o fraudulentas por la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores por el incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor.
Las compañías denunciadas son Smart Cash, Punto Click, Patagonia Cred, Efectivo Urgente y Wenance.
No está claro si esta denuncia será el inicio de una ofensiva tendiente a regular las tasas que cobran las compañías que se dedican al crédito extrabancario. Esto ha sucedido en algunos países europeos como una manera de aliviar los efectos económicos negativos del coronavirus en la población.
Alejandro Muszak, CEO de Wenance, dio su punto de vista durante el webinar “Crédito Digital” no es una denuncia del gobierno, sino el acompañamiento a una denuncia. Cuando nos enteremos de la demanda, porque hasta ahora nos enteramos por los medios, la vamos a responder con datos; la denuncia no tiene consistencia”.
“La denuncia –insistió- es por estafar a jubilados con débitos o cargos indebidos, tasas abusivas y también por tráfico de datos. En 23 años de vida, Wenance nunca prestó a jubilados. Consideramos que es un mercado que el Estado interviene bastante, pero con la pandemia, hicimos un testeo durante 10 días y le prestamos a 316 jubilados y pensionados. Eso implica 3 horas de venta para la empresa. Y como semanas después la ANSES volvió a prestar a jubilados, lo suspendimos”. “Los productos se prestaron a tasas de mercado, con una TNA (Tasa Nominal Anual) de entre el 70% y el 160%. El promedio de tasa fue del 137%. Con respecto a débitos en cuenta, no hubo porque estaban prohibidos. Además, la primera cobranza viene en mayo”.
El Central había decidido en marzo prohibir la modalidad de “débito recurrente” para que las fintech crediticias pudieran cobrar las cuotas de los créditos. Es decir ahora es el cliente quien defina cuándo paga y de qué manera lo hace. Esto generó fuertes trastornos porque la mayoría de las empresas aplicaba la modalidad de débito en cuenta para asegurarse el cobro, siempre con previa conformidad del cliente.“A jubilados y beneficiarios de la AUH se les adjudica contrataciones que nunca solicitaron. También, debido a la exposición de datos webs de venta online, muchos consumidores denunciaron ser adjudicatarios de créditos que no requirieron”, indica la denuncia.
Estas empresas –agrega- “realizan débitos indebidos en cajas de ahorros y cuentas corrientes, deducen sellado, carpetas o “gastos administrativos que no corresponden y aplican tasas abusivas que en muchos casos superan el 1500% + IVA de CFT”. Incurren en incumplimiento o en cambios unilaterales de los contratos, modifican las condiciones de pago y en su mayoría se basan en la falta de información a los consumidores relativa a los créditos, montos, intereses y el cálculo del valor de las cuotas.
Se presentan con el aval de organismos públicos, como la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y el BCRA, lo que es falso en casi la totalidad de los casos.
La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, en colaboración con otros organismos como BCRA e IGJ, identificaron las conductas abusivas sistemáticas y fraudulentas. Frente a presuntas defraudaciones masivas o incumplimientos reiterados y generalizados, activó el sumario y realizó denuncias penales.
Esta medida forma parte de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo productivo, desde la Secretaría de Comercio Interior, para proteger el derecho de las y los usuarios y consumidores en todo el territorio argentino a través de la aplicación de la Ley 24.240, de Defensa del Consumidor.
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