La causa de Villa María, caratulada como “estafas reiteradas y asociación ilícita”, tiene 29 imputados por distintas responsabilidades, entre ellos a su máximo responsable, Leonardo Cositorto, Maximiliano Batista y Claudio Álvarez.
También, consideró que “es necesario endurecer las penas” porque -argumentó- hay “una legislación desactualizada que resulta leve para los delitos económicos”, con penas de dos meses a seis años, y que a mitad de la condena permite a los condenados que “recuperen la libertad siendo millonarios”.
La fiscal lleva la causa madre que comenzó a investigar en febrero de este año en Villa María a partir de denuncias anónimas, y, desde allí, la pesquisa se extendió a otras provincias y al exterior, donde se ubicaron “empresas y negocios satélites” vinculados a Generación Zoe.
Previamente, a principios de enero, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) habían iniciado sus propias investigaciones sobre Generación Zoe por una denuncia promovida por la Organización No Gubernamental Bitcoin Argentina, por los supuestos delitos de estafas e intermediación financiera mediante el sistema conocido como ponzi, consignó la agencia gubernamental de noticias Telam.
La causa Generación Zoe
La causa de Villa María, caratulada como “estafas reiteradas y asociación ilícita”, tiene 29 imputados por distintas responsabilidades, entre ellos a su máximo responsable, Leonardo Cositorto, Maximiliano Batista y Claudio Álvarez como algunos de los principales directivos de Zoe y que, según la fiscal, en esa ciudad cordobesa “son más de 1.050 las víctimas y hasta el momento son únicamente 176 los damnificados que denunciaron” las estafas.
Companys precisó a Télam que en su investigación pudo contabilizar US$ 2 millones y $ 15 millones, pero añadió que tiene “conocimiento de que Zoe tenía un movimiento diario de un millón de dólares y un estimado aproximado de US$ 120 millones” al momento de la intervención judicial, ya que son alrededor de 880 damnificados que no acudieron a la justicia, “probablemente porque se trataba de dinero en negro”.
En marzo de este año los ahorristas se vieron con las puertas cerradas de las oficinas de Generación Zoe en Villa María y comenzaron los reclamos en las calles, porque los directivos habían tomado conocimiento de los inminentes allanamientos, y entonces “redireccionaron todo el dinero a familiares y amigos de confianza”.
“Es imposible, incalculable, dimensionar el dinero, las empresas y los negocios que manejaba Zoe, porque en algunos casos se nos hace imposible obtener información”, particularmente de las inversiones que tiene en el exterior, sostuvo la fiscal.
