El objetivo de esta nueva normativa, aprobada hoy por el Directorio, es darles mayor transmisibilidad a las FCE, ya que en la actualidad sólo circula el 1% de las mismas.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó la reglamentación del Sistema de Circulación Abierta de Facturas de Crédito Electrónicas (FCE), que les permitirá a las MiPyMEs proveedoras de grandes empresas acceder a un mecanismo que les brindará mayores alternativas de financiamiento.
El objetivo de esta nueva normativa, aprobada hoy por el Directorio, es darles mayor transmisibilidad a las FCE, ya que en la actualidad sólo circula el 1% de las mismas.
La medida es parte del trabajo conjunto y coordinado entre el BCRA, la AFIP y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo, y contó con el aval de la Comisión Nacional de Valores.
En la primera etapa, que entrará en funcionamiento el 1º de abril, las FCE se podrán descontar o transmitir a otros sujetos autorizados, como las entidades financieras o proveedores no financieros de crédito, o bien remitir desde el Sistema de Circulación Abierta para su negociación en los mercados de valores.
Estas operaciones se podrán realizar a través de una nueva pestaña que tendrán habilitadas las MiPyMEs en su Home Banking. Las transmisiones serán gratuitas y las entidades financieras no podrán cobrar comisiones. En etapas posteriores se incorporarán nuevas funcionalidades tales como: cesión electrónica y aval, entre otras.
El Sistema de Circulación Abierta equipara a las Facturas Electrónica de Crédito a la operatoria y funcionalidad del Cheque Electrónico (ECHEQ), y permitirá que las MiPyMEs puedan acceder a una mayor cantidad de fuentes de financiamiento anticipado con mejor certeza de cobro, ya que al vencimiento las FCE serán cobradas mediante compensación interbancaria y su falta de pago se verá reflejada en la Central de Deudores del Banco Central.
Otra de las facilidades que brindará esta normativa es la emisión de un comprobante a requerimiento del interesado, que permitirá iniciar acciones judiciales ante el no pago a término de las FCE MiPyMEs.
