Los dueños de la compañía admitirían a los interventores del Estado, pero con el visto bueno del juez. Se abrió una instancia negociadora y hay expectativa por el resultado.
En medio de rumores de todo tipo, Alberto Fernández recibirá hoy al CEO de Vicentín, Sergio Nardelli, para discutir de qué manera el Estado avanzará sobre la compañía. Ayer se mencionó a última hora la posibilidad de que el Estado desista de la expropiación, pero al mismo tiempo negociando la posibilidad de quedarse con activos de la compañía a través de YPF Agro.
Otras fuentes de Casa Rosada aseguraban que el plan original se mantenía en pie sin modificaciones. Es decir primero la intervención de la empresa, aunque con el visto bueno del juez, y luego avanzar con la expropiación a través de una ley del Congreso.
Uno de los problemas de esta última opción es que El Estado, es decir todos los contribuyentes, deberían automáticamente hacerse cargo de la deuda de U$S 1.350 millones que tomó la compañía en los últimos años.
La expropiación genera otro tipo de inconvenientes, que está relacionado con un aumento de la desconfianza por parte de los inversores, que volvería más difícil la salida de la recesión que generó la cuarentena. Incluso el propio Presidente se quejó al anunciar el plan de expropiación que “ya nos van a empezar a comparar con Venezuela”.
Por otra parte, los dueños de Vicentín saben que están en una situación extremadamente complicada y no pueden tirar mucho más de la cuerda. El desmanejo de la compañía está a la vista: son uno de los principales jugadores en la industria más competitiva que tiene la Argentina, como es la producción cerealera. Sin embargo, endeudaron a la empresa irresponsablemente y la dejaron al borde de la quiebra.
