El staff técnico del organismo que sigue el caso argentino sorprendió con un informe sobre la negociación de la deuda y dijo que la propuesta argentina tiene “poco espacio” para una mejora adicional.
Cuando pocos lo esperaban, apareció el staff del FMI con una “nota técnica” en la que establecen la postura del organismo sobre la negociación que se viene desarrollando entre la Argentina y los bonistas para renegociar la deuda. Según el organismo, existe un “margen limitado” para incrementar los pagos a los acreedores privados y al mismo tiempo cumplir con los umbrales de deuda y pagos de intereses de la misma.
Las respuestas no se hicieron esperar. A última hora de ayer fue Dennis Hranitzky, asesor legal de Exchange Bondholder Group y jefe de la práctica de litigios soberanos, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, quien divulgó su opinión. Según explicó, “el FMI parece estar tratando de facilitar un acuerdo. Las partes no están tan lejos, quizás el 1.5% del PIB se extendió en 20 años, y el FMI reconoce que hay espacio para que Argentina mejore su oferta”
“Los tenedores de bonos –continuió Hranitzky- han mostrado mucha flexibilidad al hacer una oferta sostenible. Depende de Argentina mostrar un serio deseo de cerrar la brecha restante, y será desafortunado si Argentina endurece su posición en respuesta a la declaración del FMI”.
Martín Guzmán, sin embargo, fue mucho más cauto: “Tendremos en cuenta el comunicado que hizo el FMI a la hora de decidir las enmiendas finales”. “El margen que queda para enmendar la oferta es escaso, el mismo FMI dijo que está marginalmente debajo del límite que permitiría restaurar la sostenibilidad de la deuda, que es el mandato que también nos dio el Congreso de la Nación cuando se aprobó la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública bajo ley extranjera”.
La última oferta de la Argentina tiene un valor presente de unos U$S 47, considerando una tasa de salida para los nuevos bonos (o “exit yield”) del 10% anual. En cambio, los distintos grupos de acreedores aún no bajaron de valores de U$S 58 a 60. Por eso, cabe esperar una mejora marginal de la oferta por parte del Gobierno y que los acreedores también reduzcan sus pretensiones para llegar a un acuerdo hasta el 12 de junio, que es la nueva fecha límite.
