El Fondo difundió las conclusiones del Artículo IV del vecino país. Dijo que la respuesta de política monetaria y fiscal estuvo bien calibrada. Y que la inflación bajará en los próximos meses.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) se deshizo en elogios luego de analizar la economía de Uruguay mediante el procedimiento del Artículo IV, al destacar la calidad institucional y de políticas del Banco Central de ese país.
El FMI dijo que Uruguay mostró una gran resiliencia durante la pandemia de Covid-19, debido a su fortaleza institucional, su sólida gobernanza y las respuestas de política de las autoridades.
Destacó que gracias a la fortaleza de sus instituciones y una adecuada red de protección social, Uruguay pudo responder de manera sumamente eficaz ante la emergencia sanitaria producto de la pandemia de Covid-19. Tras dos importantes olas de infecciones en 2021, las medidas de contención se relajaron en 2022, apuntaladas por una campaña de vacunación exitosa, incluyendo dosis de refuerzo. La respuesta de las autoridades, que tuvo un diseño adecuado, mitigó el impacto negativo de largo plazo en la actividad económica y en el mercado laboral, mediante el apoyo transparente a los hogares y las empresas afectados a través del Fondo Solidario Covid-19. La informalidad laboral bajó durante la pandemia y se ha mantenido en niveles más bajos.
El organismo que dirige Kristalina Georgieva explicó que habiendo retornado a los niveles prepandemia a mediados de 2021, el PIB real creció a un ritmo saludable en 2022, mientras que la inflación aumentó. El crecimiento previsto para 2022 se sitúa en el 4,9 por ciento, impulsado por las exportaciones de productos agrícolas y la recuperación del sector de servicios, incluyendo el turismo. La guerra rusa en Ucrania tuvo pocas repercusiones directas debido a los reducidos vínculos comerciales, pero las exportaciones agrícolas se beneficiaron del aumento de la demanda y los precios mundiales.
Agregó que La economía se ralentizó en el segundo semestre del año, producto de la desaceleración mundial y los efectos de la sequía. La creación de empleo repuntó en 2022, aunque de manera desigual entre sectores, en tanto que el desempleo se mantuvo alrededor del 8 por ciento. La inflación alcanzó un máximo de 9,95 por ciento en septiembre de 2022 y descendió a 7,5 por ciento en febrero de 2023. El aumento de la inflación fue menos pronunciado que en otros países, debido a la respuesta decidida de la política monetaria, la apreciación del peso uruguayo y el ajuste limitado de los precios administrados.
El Fondo completó que la sólida trayectoria de las autoridades en la implementación de políticas macroeconómicas acertadas en un contexto incierto ha mejorado la resiliencia del país a choques. Uruguay ha mantenido un acceso al mercado favorable y disfruta de riesgo crediticio históricamente bajo a pesar de haber enfrentado una serie de choques desfavorables (incluida la pandemia, la guerra en Ucrania, el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales y la sequía en curso).
Los avances logrados desde 2020 en el marco fiscal, incluyendo un sólido historial de cumplimiento con los objetivos de la regla fiscal y la creación del Consejo Fiscal Asesor, fortalecieron la credibilidad en el compromiso de las autoridades con la prudencia fiscal y ayudaron a mejorar el acceso de mercado. Las mejoras en el marco de la política monetaria deberían fortalecer los canales de transmisión de la política monetaria, al tiempo que ayudan a reducir la dolarización paulatinamente. La consolidación de estos logros debería ser una prioridad, ya que colocan al país en una posición más favorable para hacer frente a los riesgos externos.
Una respuesta de política monetaria y fiscal bien calibrada
El Fondo destacó que ante las mayores presiones inflacionarias, el Banco Central del Uruguay (BCU) respondió apropiadamente con una política monetaria contractiva durante 2022, al tiempo que el peso se apreció.
El BCU elevó sustancialmente la tasa de política monetaria, de 5,75 por ciento en diciembre de 2021 a 11,5 por ciento en diciembre de 2022. Como se había anunciado previamente, el BCU redujo la banda superior del rango meta de 7 a 6 por ciento, a partir de septiembre de 2022. Las expectativas inflacionarias permanecieron fuera del rango meta en 2022 aunque se han reducido recientemente, sobre todo las expectativas a 2 años. El peso se apreció 13 por ciento frente al dólar de EE.UU. en términos nominales y 20 por ciento en términos reales efectivos, debido a los diferenciales de las tasas de interés, los términos de intercambio favorables y la mayor liquidez en dólares. Para apoyar su estrategia de mejora del marco de política monetaria, el BCU no ha intervenido en el mercado cambiario, lo cual ha ayudado a proporcionar claridad en los objetivos de la política monetaria.
El déficit fiscal y la deuda pública disminuyeron de forma sustancial durante los últimos dos años, gracias a los esfuerzos de las autoridades para cumplir los objetivos de la regla fiscal, sin descuidar la protección a los más vulnerables.
Hacia el futuro, el Fondo consideró que prevé que la economía se desacelere, con riesgos sesgados a la baja. Se proyecta un crecimiento real del 2 por ciento en 2023, si bien con mucha incertidumbre debido al efecto de la sequía. A pesar de un contexto externo adverso, condiciones financieras más restrictivas y el impacto de la sequía, el crecimiento se vería apuntalado por una fuerte temporada turística, un aumento en la producción y exportaciones de celulosa y un consumo privado robusto ante la recuperación del salario real.
Se prevé que la inflación se modere a 7 por ciento en 2023 y que se ubique dentro del rango meta en 2024. Los principales riesgos macroeconómicos son los que se derivan de un empeoramiento de las condiciones externas, la agudización de las tensiones geopolíticas internacionales y la intensidad y duración de la sequía actual.
Reconstruyendo márgenes de política, manteniendo la credibilidad y estimulando el crecimiento de mediano plazo
Política fiscal
En el corto plazo, el plan de las autoridades es consistente con cumplir con los objetivos de la regla fiscal, salvaguardando la cohesión social. El déficit del sector público no financiero (SPNF) se proyecta en 2,3 por ciento del PIB en 2023, mientras el gasto social se mantiene como una proporción importante del gasto total. El principal riesgo de corto plazo para la política fiscal es cómo la intensidad y duración de la sequía actual afectarán la actividad económica, aunque existe espacio fiscal disponible en caso de ser necesario. Los planes fiscales actuales mantendrían la deuda del SPNF relativamente estable, con riesgos limitados en el corto plazo, dadas necesidades de financiamiento manejables y condiciones de acceso favorables en los mercados. La recientemente anunciada rebaja de impuestos (0,2 por ciento del PIB) implica una caída permanente de recaudación que requerirá un crecimiento más bajo del gasto primario real, como ya se contempla en el plan de las autoridades.
Una vez se disipen los impactos de la sequía, esfuerzos fiscales adicionales serían necesarios para situar la deuda en una senda descendente y recomponer el margen de maniobra para la aplicación de políticas. Bajo condiciones externas difíciles, los esfuerzos de las autoridades para reducir la deuda tras la pandemia son loables, aunque la relación deuda a PIB se encuentra en niveles históricamente altos. El personal técnico del FMI estima que llevar la deuda del SPNF a un rango entre 50 y 55 por ciento del PIB en el mediano plazo generaría suficientes márgenes de política para responder a choques. Dentro del marco actual, los informes fiscales anuales al Parlamento (“Rendición de Cuentas y Exposición de Motivos”) podrían incorporar de forma más explícita los vínculos entre la calibración de los tres pilares de la regla fiscal y los esfuerzos declarados de las autoridades para estabilizar la relación de deuda a PIB en el horizonte de proyección. En el futuro, y conforme a recomendaciones anteriores del personal técnico del FMI, un ancla de deuda explícita adecuadamente calibrada ayudaría a estabilizar la relación de deuda a PIB en un nivel inferior a mediano plazo.
Poíticas del banco Central de Uruguay
El Fondo dijo que el sesgo actual de la política monetaria es adecuado. El BCU debería mantener el actual sesgo contractivo hasta que la inflación y las expectativas inflacionarias hayan convergido de una manera sostenida dentro del rango meta, lo cual será crucial para fortalecer la credibilidad de la política monetaria y apoyar los esfuerzos de desdolarización. Los cambios recientemente implementados en el marco de la política monetaria han mejorado la eficacia en la transmisión de la política monetaria, pero reforzar la independencia de jure del banco central mejoraría aún más la credibilidad y respaldaría la continuidad de las políticas. El tipo de cambio debería seguir sirviendo como amortiguador de choques, con intervenciones cambiarias limitadas a responder a condiciones desordenadas en el mercado.
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