El tipo de cambio informal venía operando varios pesos por debajo de las otras variantes legales, pero ayer tuvo un salto de 11 centavos. El contado con liquidación operó en baja y cerró a $ 290
El dólar informal subió 11 pesos en la jornada, lo que representa una suba de 4%, finalizando a un nuevo récord de $ 283. Sin embargo, llamó la atención que el rally de última hora lo dejó por encima del dólar MEP, que cerró a 278. Con esta evolución, el “blue” ya acumula una suba del 36%.
Más allá del fuerte aumento del informal, un dato que no pasó desapercibido es que el “contado con liquidación” finalizó por segunda jornada consecutiva a la baja, a $ 290, cuando a fines de la semana pasada había culminado arriba de los $ 300. Para los operadores evidencia que habrían culminado las ventas de parte de inversores extranjeros, que estuvieron desarmando hasta las últimas jornadas sus posiciones en bonos en moneda local.
Otro de los síntomas relativamente tranquilizados que arrojó el mercado es que los bonos en pesos también consiguieron cierta estabilidad, facilitando un buen resultado en la licitación del Tesoro y mejores perspectivas para la que habrá a fin de mes, cuando vencen cerca de $ 500.000 millones. La decisión del Central de ofrecer una opción de venta a bancos de títulos públicos también ayudó a tranquilizar al mercado, al menos en el corto plazo.
El Central finalizó la jornada con compras por apenas USD 3 millones, en un contexto en el que se registraron fuertes compras de energía, que superaron los USD 100 millones.
Los próximos días serán claves para determinar si los primeros anuncios de Batakis y algunas decisiones tomadas por el Central ayudan para estabilizar al mercado y aquietar al mercado cambiario al menos momentáneamente. Eso le daría algo de tiempo al flamante equipo económico para empezar a mostrar algún resultado concreto. Aunque la principal inquietud de los inversores pasa en realidad por el silencio de Cristina Kirchner y en general del kirchnerismo, que no se pronunció aún respecto a los planes del Gobierno para avanzar hacia una mayor solvencia fiscal. Eso implicará necesariamente ajuste del gasto, ya que no alcanzará exclusivamente con la segmentación de tarifas.
