Si bien la fecha estipulada por el ministro Guzmán fue el 8 de mayo, los bonistas deben manifestar su voluntad de participar o no en la propuesta. Se aguarda una extensión del plazo.
El canje de deuda comienza a entrar en la recta final, al menos de acuerdo al cronograma original fijado por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Sucede que hoy los bonistas deberán manifestar si aceptan o no la propuesta de canje, pero al mismo tiempo el mercado espera que se extiendan los plazos, es decir que se defina una prórroga. En la práctica habría tiempo hasta el 22 de mayo para evitar un default, ya que ese día vence el período de gracia de 30 días para el pago de intereses de tres bonos bajo ley extranjera.
En los últimos días la situación se tensó de manera sustancial entre el Gobierno y los acreedores. Ayer Guzmán divulgó una propuesta acercada a principios de abril por el fondo BlackRock, pero la consideró “inaceptable”. Esa decisión de dar a conocer la oferta públicamente generó mucho ruido y extrañó a los inversores, ya que no se trata de una práctica habitual ni mucho menos.
A su vez, los empresarios agrupados en el G-6, que estuvieron con el Presidente Alberto Fernández, en Olivos a principios de esta semana manifestaron su apoyo al proceso de renegociación. Claro que al mismo tiempo trascendió que manifestaron su preocupación por la posibilidad de que la Argentina vuelva a entrar en un default total de la deuda. “Será muy difícil una recuperación si el país no consigue recuperar el acceso a los mercados financieros”, expresaron.
Guzmán aseguró que sigue esperando una “¨contrapropuesta” de los bonistas, con lo que dejó claro que aún hay un margen abierto para la negociación. Esa oferta, en todo caso, sería la excusa para prorrogar los plazos y del canje, mientras se sigue discutiendo el acuerdo.
Uno de los puntos centrales que reclaman los acreedores es que no se reconocen los intereses corridos de los bonos hasta el 2023. El comité de bonistas en su presentación realizada el lunes hablaron de “confiscación”.
Otra opción que empezó a circular en las últimas horas es avanzar con un “standstill”, tal como hizo Ecuador hace algunas semanas. Consistiría en abrir una suerte de paréntesis en la negociación por un plazo de 90 días hasta que pasen los efectos de la pandemia y volver luego a sentarse en la mesa de negociación. Mientras tanto, se dejarían sin efectos los plazos para el pago de intereses y la declaración de un default. Claro que para que se dé esta opción las distintas clases de bonistas deberían prestar una conformidad superior al 50%, que no es fácil de conseguir.