Será para fortalecer los procesos de gestión fiscal provinciales y mejorar la gestión pública nacional.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó dos operaciones para el país por un monto total de USD 750 millones que serán destinadas a los programas Fortalecimiento de la Gestión Provincial II y Fortalecimiento de la Agenda Digital: Conectividad, Gobierno Electrónico y Transformación Productiva Digital.
El acuerdo se realizó en el marco de las negociaciones entre el Ministerio de Hacienda y el equipo técnico de expertos del organismo. En este sentido, la primera operación se trata de una línea de crédito por USD 450 millones para el programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial II que tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad fiscal provincial para favorecer el crecimiento. De esta manera, se respaldarán las reformas que mejoren la eficiencia y gestión de los ingresos en las provincias, el diseño del federalismo fiscal argentino y la implementación de proyectos de inversión.
La primera operación individual de esta línea de crédito, por USD 150 millones, buscará mejorar la eficiencia de la gestión del gasto y la inversión pública, siendo beneficiarias directas las provincias de Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Río Negro y Tierra del Fuego. Asimismo, se beneficiarán el resto de las provincias, a través del fortalecimiento del diseño del federalismo y del apoyo a la sustentabilidad fiscal.
Este programa es el segundo que implementará Argentina con apoyo del BID para mejorar la gestión provincial. El primero de ellos, aprobado en 2016 por USD 120 millones, benefició a las provincias de Corrientes, Salta, Mendoza y Neuquén. Se espera que en el mediano plazo pueda abarcarse a todas las provincias argentinas.
La segunda operación financiará con USD 300 millones al programa para el Fortalecimiento de la Agenda Digital, que busca mejorar la productividad de la economía de Argentina a través de su digitalización. Las medidas del programa apuntan a promover la estrategia de digitalización de los sectores público y privado, a través de un enfoque integral de intervención en varios sectores alineados con la Agenda Digital.
Entre las acciones previstas, se establecerá una Agenda Digital como instrumento de coordinación de las políticas públicas, que busca fortalecer el marco legal de conectividad, ampliar la oferta e impulsar la calidad de servicios digitales de gobierno, y promover medidas normativas para la transformación productiva digital.
Las reformas impulsadas beneficiarán tanto a personas como a empresas, en particular pequeñas y medianas empresas, mediante su digitalización y adopción de tecnologías digitales. Además, se espera que la ciudadanía en su conjunto sea beneficiaria de las mejoras en la prestación de servicios digitales del gobierno
