La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su preocupación por el aumento sostenido de la litigiosidad laboral vinculada a accidentes de trabajo, a pesar de que los índices de siniestralidad se encuentran en mínimos históricos.
Durante la última reunión de su Junta Directiva, se destacó que en agosto de este año se notificaron 13.750 nuevos juicios a las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), y acumulo un total de 81.709 demandas en 2024. Este incremento, que representa un 12,3% más que en agosto de 2023, afecta directamente la competitividad del sector productivo.
A pesar de los esfuerzos realizados por empleadores y trabajadores para reducir los riesgos laborales y mejorar las condiciones de trabajo, la UIA advirtió que los juicios han crecido un 25% este año. Esto ha generado un impacto significativo en los costos para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Reclamos y costos: la creación de empleo en el marco de la crisis
Uno de los principales puntos abordados fue la necesidad de conformar cuerpos médicos forenses provinciales, tal como lo establece la Ley 27.348 de Reforma del Sistema de Riesgos del Trabajo, sancionada en 2017. Estos cuerpos permitirían evaluar las incapacidades laborales de manera objetiva, lo que ayudaría a reducir la litigiosidad, consignó Noticias Argentinas.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) también advirtió sobre esta situación, calificándola como una “amenaza que urge resolver”. Según la UART, a pesar de la constante disminución de accidentes y la atención integral a los trabajadores, los reclamos judiciales no han dejado de aumentar. “Menos siniestros y mejores servicios, pero cada vez más juicios. Esta paradoja es difícil de explicar y genera un grave contrasentido en el sistema”, señaló la entidad en un comunicado.
La UART destacó que la solución pasa por la creación de los cuerpos médicos forenses en todas las provincias adheridas a la Ley 27.348, con profesionales seleccionados por concurso y que utilicen el Baremo de la Ley (una tabla de medición de incapacidades) de manera adecuada. Actualmente, Mendoza es la única provincia que ha implementado estos cuerpos, con resultados alentadores.
