Se trata del artículo que favorecía la formalización de la economía al eliminar las retenciones impositivas a los cobros digitales a pequeños contribuyentes por hasta 30.000 UVAs (unos $16 millones) al mes.
La Cámara Argentina Fintech expresó su profunda preocupación por la eliminación de las medidas de alivio fiscal para cobros electrónicos, que estaban incluidas en el proyecto de Ley de Bases (Ley Ómnibus).
Se trata del artículo que favorecía la formalización de la economía al eliminar las retenciones impositivas a los cobros digitales a pequeños contribuyentes por hasta 30.000 UVAs (unos $16 millones) al mes.
“Esta medida es crucial para la digitalización de la economía y, consecuentemente, la reducción del uso del efectivo. Lamentablemente, el artículo 182 forma parte del Capítulo de Medidas Fiscales, cuya eliminación se trataría en el recinto de la Cámara de Diputados”, indicó en un comunicado de prensa.
En la actualidad, la carga tributaria que enfrentan los pequeños y medianos comercios es uno de los principales obstáculos para la digitalización de los pagos.
La eliminación de este beneficio impositivo sólo perpetúa esta problemática, que hoy desalienta a cientos de miles de comerciantes a aceptar el cobro digital para no verse afectados por elevadas percepciones impositivas, que en algunas provincias pueden llegar a superar el 10% de cada venta.
La digitalización de los pagos no solo implica una mayor formalización de la economía, sino también una mejora en la recaudación fiscal y un acceso más fácil al crédito para los pequeños contribuyentes. Al digitalizar su transacción, los pequeños y medianos comercios generan un mayor volumen de información financiera. Esto genera más y mejor crédito, condición necesaria para el crecimiento de cualquier economía.
Además, el manejo digital del dinero ofrece transparencia, trazabilidad y seguridad en las operaciones, a diferencia del manejo de efectivo, que expone a los comerciantes y consumidores al constante riesgo de robo y a otros costos asociados.
Instamos a las autoridades a reconsiderar esta medida y a promover políticas que fomenten la inclusión financiera y la formalización de la economía, garantizando un entorno propicio para el desarrollo de los pequeños contribuyentes y el crecimiento sostenible del país.
