Por Sebastián M. Domínguez
CEO de SDC Asesores Tributarios
A través de la Reforma Tributaria de 2017, se transformó el impuesto sobre los combustibles de ad valorem a unitario.
Un impuesto es ad valorem cuando se determina aplicando un % sobre el precio y es unitario cuando se aplica una suma fija por unidad de venta o producción.
De acuerdo con la Ley, el monto fijo del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono se debe actualizar trimestralmente por la variación que haya tenido el Índice de Precios al Consumidor durante el mismo período.
Dado el contexto inflacionario, el Gobierno dispuso a través de los Decretos 488/2020, 285/2022, 561/2022, 864/2022 y 168/2023 determinadas suspensiones y postergaciones de la actualización del impuesto fijo.
En consecuencia, no se han aplicado las actualizaciones del impuesto fijo que correspondía al tercer y cuarto trimestres calendario del año 2021 y al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres del año 2022 y al primer trimestre de 2023.
En los últimos años, solamente se practicó el ajuste del primer y segundo trimestre de 2021 y fue del 25,32% a partir de octubre de 2022.
Esto ha generado un incremento potencial que, al aplicarse, aumentará sustancialmente el precio de los combustibles con su correspondiente impacto inflacionario.
Ese aumento potencial, se iba a aplicar a partir del sábado 1 de julio de 2023, y hubiera sido del 185,5967961% si no se volvía a suspenderlo y postergarlo, como se hizo mediante el Decreto 332/2023.
Por ejemplo, en los precios de las naftas hasta 92 RON, de más de 92 RON y virgen, el aumento hubiera sido de $ 51,338 por litro, de acuerdo con el siguiente detalle:
| Impuesto Vigente | Impuesto Actualizado | Aumento | |
| Impuesto a los Combustibles Líquidos | 26,064 | 74,438 | 48,374 |
| Impuesto al Dióxido de Carbono | 1,597 | 4,561 | 2,964 |
| Total | 27,661 | 78,999 | 51,338 |
El Decreto 332/2023 establece este incremento más el correspondiente al segundo trimestre de 2023, serán aplicables a partir del 1 de noviembre de 2023.
Más allá que la medida beneficie a los consumidores de combustibles y no sea un factor más de incremento de la inflación, es importante mencionar que esas suspensiones y postergaciones deberían disponerse por Ley dado que el Poder Ejecutivo tiene vedado dictar decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria.
En consecuencia, los Decretos, aún cuando no sean de necesidad y urgencia, serían inconstitucionales.
Argentina necesita seguridad jurídica y mejorara la institucionalidad, por lo cual deberían llegarse a los acuerdos políticos necesarios para sesionar en el Congreso y tomar este tipo de medidas por Ley.
Por último, es importante mencionar que el Gobierno se comprometió con el FMI en transformar este impuesto de unitario a ad valorem con el objetivo que aumente en función de la variación del precio de los combustibles y no sea necesaria una actualización trimestral por el IPC:
“Merece la pena destacar que los impuestos a los combustibles fósiles son utilizados extensivamente en el mundo para el control y manejo de externalidades, como ser la contaminación ambiental y en particular las emisiones de carbono. En nuestro país, han sido históricamente un instrumento de financiamiento progresivo y estable, utilizando alícuotas “ad valorem”. Sin embargo, con los cambios introducidos a través de la Ley 27.430, publicada el 29 de diciembre de 2017, se estableció un esquema disruptivo del vigente en los últimos 20 años, con la imposición a través de montos fijos (en $) por unidad de medida.
Si bien el monto fijo contempla un mecanismo de actualización trimestral de acuerdo a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la aplicación de este esquema basado en experiencias internacionales ajenas a la economía de nuestro país, generó una sensible pérdida en la recaudación del impuesto, que pasó de 1% del PIB antes de la reforma (año 2017) a 0,7% del PIB en 2020. En tal sentido, el retorno al esquema “ad valorem” representa una medida de defensa de la recaudación de estos impuestos, tanto a nivel nacional como provincial, dado su carácter de impuesto coparticipable.”
Sin embargo, no se conoce ningún proyecto de ley en ese sentido.
