La AFIP, que se presentó como querellante, constató durante el proceso judicial que el inmueble decomisado constituyó un “instrumento” del delito.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) logró que la justicia federal decomise un inmueble en el marco de una causa por evasión impositiva en San Juan.
En un hecho inédito, el Tribunal Oral de esa provincia resolvió, a pedido del organismo conducido por Carlos Castagneto, la incautación de una propiedad tras haberse comprobado por parte de una firma metalúrgica los delitos de apropiación indebida de aportes e insolvencia fiscal fraudulenta, entre otra serie de maniobras ilícitas.
Durante el juicio, los abogados de la AFIP probaron la maniobra por medio de la cual se simuló la transferencia de la propiedad a una tercera persona.
El organismo logró que se concretara el decomiso a pesar de que, según los registros, ya no pertenecía a la empresa vaciada.
La AFIP, que se presentó como querellante, pudo constatar durante el proceso judicial que el inmueble decomisado constituyó un “instrumento” del delito.
La firma utilizó a la propiedad para evadir el cumplimiento del pago de impuestos, ya que los socios condenados ocultaron su verdadera titularidad y simularon que pertenecía a una tercera persona.
El inmueble es un predio de 15.000 metros cuadrados con varias construcciones en su interior y, según el Tribunal de Tasaciones sanjuanino, está valuado en $217.111.100.
El artículo 23 del código penal contempla el decomiso de los bienes utilizados para llevar adelante los delitos y las ganancias obtenidas por medio de maniobras ilegales en favor del Estado nacional, las provincias o los municipios.
Sin embargo, hasta este caso, la justicia nunca había decomisado un activo de este tipo en las causas iniciadas por el organismo.
Los dueños de la empresa fueron condenados por evasión impositiva, apropiación indebida de aportes e insolvencia fiscal fraudulenta.
Durante el juicio, se comprobó que los socios de la firma metalúrgica dedicada a obras relacionadas a la actividad minera acumularon una deuda de 200 millones de pesos y luego crearon una empresa “paralela”, con los mismos empleados, con el único objetivo de evitar el pago de la suma.
