El jefe de Gobierno porteño envió una carta a la titular de AFIP. Marcó del Pont contestó que están usando la misma metodología que la Ciudad aplica dedse 2012 a los porteños.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, le pidió por carta a la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, que revea y revoque el Dictamen 1/22 que dispone un fuerte aumento de la valuación de bienes inmuebles en la Ciudad que integran la base imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales.
El pedido se sostiene en que “el dictamen es ilegítimo, discriminatorio y atenta contra la seguridad jurídica”, de acuerdo con una carta enviada por el jefe porteño a la titular de AFIP.
Marcó del Pont contestó que “llama la atención el doble estándar del alcalde Horacio Rodríguez Larreta y del partido que encabeza el ex presidente Mauricio Macri”.
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“Utilizan un criterio para el impuesto inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires que acerca la valuación de los inmuebles a su valor de mercado que, sin embargo, pretenden que no se aplique al pago del impuesto sobre los Bienes Personales, que es coparticipado a todas las provincias”, argumentó.
Marcó del Pont dijo que “la metodología porteña está vigente desde 2012 y la AFIP la aplicó a partir de 2013 hasta que en 2018, durante la presidencia de Macri, se dio marcha atrás. Lo que hicimos nosotros es cumplir a rajatabla con lo que dice la ley y reparar el desvío”.
“El jefe de Gobierno porteño se equivoca al considerar como discriminatoria a una interpretación que, en verdad, no hace más que colocar en un pie de igualdad a los inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires con los del resto de las jurisdicciones provinciales. Estamos convencidos de que técnicamente está equivocado. Si no fuera así no hubiéramos adoptado el criterio de valuación de los inmuebles que su propio gobierno aplica desde 2012. Con el respaldo técnico y jurídico necesario, igualamos y homogeneizamos criterios para dejar atrás el doble estándar macrista”, amplió la titular de la AFIP.
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En su carta, Rodríguez Larreta sostiene que el dictamen es ilegítimo porque desconoce lo definido en el Código Fiscal de la Ciudad y vulnera lo dispuesto en la Ley 27.480 que establece que hasta que no se determinen los procedimientos y metodologías en materia de valuaciones fiscales a nivel nacional, las valuaciones para el Impuesto sobre los Bienes Personales serán las vigentes al 31 de diciembre de 2017, actualizadas por la variación del Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC).
“Al 31 de diciembre de 2017 –momento en el cual fue sancionada la modificación a la Ley 23.966 por la norma citada que pone en un plano de igualdad las valuaciones de los inmuebles de todo el país-, la base imponible del impuesto inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires era únicamente la Valuación Fiscal Homogénea, tal como lo expresa literalmente el Código Fiscal de la Ciudad y tal como estaba reconocido por la AFIP en el Dictamen N° 1/2018 DI ALIR (8/5/2018)”, dice la carta.
Y agrega que un cambio en los criterios expuestos atenta, también, contra una ley nacional que ha plasmado una metodología explícita de liquidación del impuesto, distorsionando además la equidad lograda.
En la carta, Rodríguez Larreta sostiene, además, que el dictamen es fuertemente discriminatorio porque “sólo afecta las valuaciones de inmuebles de la Ciudad, elevándolas casi 10 veces más que al resto de las jurisdicciones. Mientras que el valor fiscal de los inmuebles de todas las jurisdicciones correspondiente al período fiscal 2021 crece interanualmente 51,4% (IPC), los inmuebles de la Ciudad verán incrementarse su valuación en un 505,6%”.
Luego de la quita de la Coparticipación y de la búsqueda de la suba del transporte público mediante la quita del subsidio, el Gobierno nacional pretende ahora cuadriplicar el valor de los inmuebles para que aquellos contribuyentes que tengan una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires paguen por este impuesto lo que no abonan los que viven en otras provincias, violando claramente los principios constitucionales de igualdad, equidad y capacidad contributiva.
“En tercer lugar, el dictamen atenta contra la seguridad jurídica porque modifica el valor de las valuaciones correspondientes al 31 de diciembre del año anterior e incluso períodos anteriores en caso de falta de presentación o pago del tributo, desconociéndose así que el hecho imponible ya se devengó con anterioridad y en ese momento quedó fijado el marco legal e interpretativo que cuantifican a la obligación tributaria correspondiente”, señala la carta.
Esta medida provocará, además, que una gran cantidad de contribuyentes deban darse de alta en el Impuesto a los Bienes Personales por el sólo hecho de tener un inmueble radicado en la Ciudad de Buenos Aires. Con la modificación del criterio de AFIP, se estima que 220.000 nuevos contribuyentes quedarán afectados a este impuesto.
Por otra parte, esta medida agrava aún más la situación de la Ciudad como jurisdicción, ya que la recaudación de este Impuesto sobre los Bienes Personales se redistribuye entre todas las provincias, con excepción de la Ciudad, que no recibe un peso de lo recaudado por este tributo. En el año 2021, se coparticiparon a las provincias $ 163.845 millones por este impuesto, de los cuales CABA recibió cero pesos.
En síntesis, esta medida de la AFIP sólo pretende elevar la presión tributaria y castigar únicamente a los que tienen alguna propiedad inmueble en la Ciudad, constituyendo así un ataque más de los que se vienen dando por parte del Gobierno nacional hacia la Ciudad de Buenos Aires, con el único fin de afectar política y financieramente a una administración provincial gobernada por una fuerza opositora.
Por su parte, Marcó del Pont argumentó que la “obligación y compromiso es con la equidad desde una perspectiva federal”.
“La mejora en la recaudación a partir del aporte de los sectores de mayor capacidad contributiva es el principio rector de los cambios introducidos por nuestro Gobierno sobre la estructura tributaria. A diferencia de quienes apuestan a la valorización financiera y el endeudamiento externo, nosotros entendemos que los ingresos tributarios son la fuente genuina para financiar las políticas públicas para el desarrollo”, dijo.
Y agregó que, “con esos lineamientos nos comprometimos a trabajar junto con las provincias en herramientas que nos permitan reducir la enorme distancia que existe entre la valuación fiscal de los inmuebles urbanos y el precio de mercado de las propiedades. El primer paso en esa reparación fue volver a adoptar el criterio utilizado desde 2012 por la Ciudad de Buenos Aires que es lo que indica la ley”.
“En la actualidad los valores fiscales de los inmuebles a nivel país representan, en promedio, entre el 5% y 7% de su valor real, dando lugar a una importante subvaluación que erosiona la base imponible de uno de los tributos más progresivos que tiene la Argentina”, amplió.
Completó que no le “sorprende que Larreta se oponga a mejorar los ingresos tributarios a partir del aporte de los sectores de mayor capacidad contributiva. La reforma tributaria introducida durante el gobierno de Macri se propuso reducir el impuesto sobre los Bienes Personales a su mínima expresión”.
“Sin perjuicio de mis primeras impresiones sobre el tema, dí intervención a las áreas especializadas para que el jefe de Gobierno reciba la respuesta técnica formal que corresponde. No puedo más que celebrar el llamado al diálogo que hace Larreta en su nota, pero me atrevo a dudar de su confianza en el consenso dado que la Ciudad de Buenos Aires no firmó el Consenso Fiscal. Nuestro gobierno, en cambio, está abierto a sumarlo para avanzar en una articulación favorable para todas y todos los argentinos”, finalizó.
