Ahora las MiPyMEs cuentan con un nuevo régimen de financiamiento, la Factura de Crédito Electrónica. Esta nueva herramienta financiera les permitirá además de financiarse en el mercado de capitales, contar con mayor ahorro de costos operativos, simplicidad en los trámites de cobro, disminución de riesgos de fraude y agilidad en procesos de facturación y pagos.
La ley de financiamiento productivo, aprobada en la Cámara de Diputados, dispone en el capítulo 1, que en todas las relaciones comerciales entre una PyME y una gran empresa sean obligatorias las Facturas de Crédito Electrónicas y optativas entre PyMEs.
Se trata de un Título ejecutivo electrónico que representa bienes entregados o servicios realizados y no pagados. Transforma a las facturas comerciales en títulos ejecutivos que obligan jurídicamente a las empresas.
Con la Factura de Crédito Electrónica la empresa puede negociar el crédito a favor en el mercado secundario o esperar a la fecha de vencimiento del cobro, y funcionará a través de una plataforma digital de la AFIP donde quedará establecida la fecha de cancelación del pago.
“Esta herramienta simplifica las transacciones que hacen las PyMEs con las grandes empresas, y brinda mayores certezas además de ahorros en los costos operativos y agilidad en los procesos de facturación y pagos”, afirmó Francisco Cabrera, ministro de Producción y resaltó: “Necesitamos que más PyMEs accedan a mejor financiamiento porque son ellas las principales generadoras de empleo y las que más necesitan de incentivos para poder crecer y seguir invirtiendo”.
Esta herramienta, que transforma las facturas comerciales en facturas de financiamiento, otorgará mayor ahorro de costos operativos, simplicidad en los trámites de cobro, disminución de riesgos de fraude y agilidad en procesos de facturación y pagos.
La Factura de Crédito electrónica es obligatoria, además, para todos los monotributistas de la categoría F en adelante.
El Ministerio de Producción será la autoridad de aplicación. A través de Lealtad Comercial se canalizarán las denuncias de las PyMEs a las que se les impida por cualquier medio la negociación de sus facturas de crédito.
