Entre los incumplimientos reportados se encuentran la distribución de utilidades, recompra de acciones y adquisición de títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior, entre otras.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió hasta el 31 de diciembre de 2022 el plazo para que las empresas que incumplieron las condiciones previstas en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) restituyan los fondos correspondientes al salario complementario.
El Programa ATP fue puesto en práctica en 2020 para amortiguar el impacto económico de la pandemia del Covid-19, recordó el organismo tributario en un comunicado.
Con el objetivo de sostener ingresos y puestos de trabajo en el sector privado, el Gobierno nacional invirtió más de $220 mil millones de pesos durante 2020 para financiar el salario complementario, precisó la AFIP.
Unas 307 mil empresas cobraron al menos un mes el salario complementario del Programa ATP.
Son 2,96 millones de trabajadores y trabajadoras del sector privado que cobraron una parte del salario gracias al esfuerzo estatal
Hasta la fecha unas 2.700 firmas, 0,8% del total que recibieron asistencia para pagar las remuneraciones de sus trabajadores, fueron notificadas de los incumplimientos para que procedan a su restitución.
Entre los incumplimientos reportados se encuentran la distribución de utilidades, recompra de acciones y adquisición de títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior, entre otras.
Los criterios para acceder y conservar los beneficios previstos en el Programa ATP fueron establecidos por el Comité de Evaluación y Monitoreo que encabezó la Jefatura de Gabinete junto con la AFIP y los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Trabajo.
Mediante la Resolución General N° 5128 el organismo dispudo dar más tiempo a estas empresas firmas en función de la multiplicidad de informes remitidos por el Banco Central y por la Comisión Nacional de Valores (CNV) que dan cuenta de los incumplimientos e inconsistencias detectados.
