La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) advirtió sobre los riesgos del congelamiento de precios.
Empresarios norteamericanos expresaron su preocupación por “recetas artificiales” para bajar la inflación y advirtieron por los problemas que esta medida oficial provocará en la oferta de bienes.
Los empresarios se quejaron de los costos elevados de logística y distribución, carga impositiva creciente e insostenible, ineficiencias o falta de interés político en la aplicación de mecanismos de control de las operaciones informales, costos incrementales relacionados con la pandemia, entre otros.
A continuación, la carta completa de los empresarios, a la que tuvo acceso Road Show:
“Ante la adopción de una nueva medida de congelamiento de precios, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) expresa su preocupación frente a recetas artificiales para el control de la escalada inflacionaria y encomienda a las autoridades a continuar el diálogo con el sector empresario, en la búsqueda de soluciones consensuadas y aplicando políticas públicas realmente eficientes para combatir este flagelo.
Es en este momento de nuestra historia donde algunas de las célebres frases de Albert Einstein para afrontar las dificultades con ilusión y creatividad son perfectamente aplicables y nos deben llevar a la reflexión. “No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo”. “Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones”. “El principal inconveniente de las personas y los países, es la pereza para encontrar las salidas y soluciones”.
La paradoja es que normalmente compartimos el objetivo de la política pública entablada por el Gobierno Nacional, consistente en este caso, en garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, resultando un interés prioritario para asegurar el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente a aquellos tendientes a la protección de la salud, alimentación e higiene individual y colectiva.
Nuestra diferencia se centra en cómo abordar la solución. No se trata de una medida que colabore a luchar contra la inflación, la experiencia de la Argentina y mundial es muy elocuente en cuanto a que los congelamientos de precios no resuelven este problema, muy por el contrario, lo transforma en una bomba de tiempo que tarde o temprano hará eclosión.
Sólo se logra reprimir precios durante un periodo y luego vuelven a sus niveles de equilibrio. Con este congelamiento lo que se va a generar es que el arrastre futuro sea de un mayor nivel de precios cuando la medida termine.
La resolución 1050/21, que publicó la Secretaría de Comercio Interior, estableciendo hasta el día 7 de enero de 2022 la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor final, para casi 1500 productos, opera exactamente en el sentido opuesto, y no logra resolver los desequilibrios macroeconómicos que dan origen a la inflación.
La solución es bien conocida y se dará en el marco de un “plan de estabilización que de señales claras sobre la política monetaria y fiscal”.
En situaciones normales, pero más aun en esta crisis pandémica, la industria de alimentos, bebidas, higiene y consumo masivo en general es una locomotora de desarrollo para cualquier plan de reactivación que prevea la dirigencia política. Pero nos apena decir que a pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas (las mismas no fueron tenidas en cuenta o en el mejor de los casos correcciones parciales fueron introducidas. Ejemplo de esto es que muchos de los precios incluidos en el anexo de la resolución no corresponden a los vigentes al 1ro de octubre del 2021, siendo inferiores de hasta más del 50% del valor actual), no fue considerado aun el pedido de generar un espacio de intercambio que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores o empresas y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible.
Por el contrario, los acercamientos realizados hasta el momento reflejan la falta de voluntad por parte de las autoridades para realizar un acuerdo equitativo y adecuada a la realidad de las empresas.
Nuestras empresas buscan mejorar sus productos para que la sociedad consuma más y mejores alimentos, pero estas medidas no contribuyen a la continuidad de la producción y el abastecimiento fluido, debemos encontrar un camino razonable diferente.
Si repasamos la historia, podemos resumir cuál será la consecuencia primaria de la medida: los cambios en la situación de los productos en el punto de venta, generando distorsiones en la oferta de los mismos.
Que a una empresa le falte un producto tiene múltiples causas: por razones de la demanda (mayor compra potencial de productos con reducción de precios), o una oferta insuficiente por problemas en la producción, o de rentabilidad negativa, o problemas de operabilidad y logística, o la reorganización de la cadena de distribución, solo para mencionar algunas.
El hilo siempre se corta por lo más delgado, las damnificadas volverán a ser las más de 185.000 pymes, para quienes el daño en la aplicación de la resolución, puede ser su supervivencia o el cierre definitivo.
Otro de los aspectos a revisar en torno a esta medida son sus mecanismos de fiscalización que no sólo intensifican la carga burocrática de las empresas, sino que no dan respuesta a los problemas de fondo.
¿Por qué no empezamos a pensar en mecanismos de análisis vertical de la cadena de valor, partiendo desde los insumos primarios hasta el precio del producto en la mesa de los argentinos? Quizás si las autoridades analizan la cadena en detalle se podrían identificar los obstáculos reales: costos elevados de logística y distribución, carga impositiva creciente e insostenible, ineficiencias o falta de interés político en la aplicación de mecanismos de control de las operaciones informales, costos incrementales relacionados con la pandemia, entre otros.
Por último, ninguna empresa, que pretenda ser sustentable, podría establecer un precio, en particular tratándose de bienes de consumo masivo, muy por encima de las posibilidades de compra de sus usuarios y consumidores. Todos valoran y reconocen sus posibilidades de elegir libremente aquellos productos que desean adquirir basándose en su preferencia, precio y calidad.
En reiteradas oportunidades AmCham ha señalado los riesgos que se plantean con este tipo de políticas: imposibilitan generar nuevos empleos, limitan las nuevas inversiones, y se crea un ambiente regulatorio hostil, restrictivo e imprevisible. Hoy, más que nunca, es necesario que el gobierno desarrolle políticas de acompañamiento al empleo y la inversión y recree las condiciones para un clima de negocios previsible, en base a las reglas de la libre empresa, siendo este el único camino posible hacia una recuperación sustentable de nuestra economía.
AmCham se suma a las voces de otras entidades empresarias para la revisión de esta medida, entendiendo su espíritu, pero convocando a un diálogo honesto entre las partes que habilite una senda de acuerdos para que las estrategias de marketing y de precios no sean decididas en los despachos oficiales sino en las propias empresas que invierten y producen en el país.”
