Los cruces de información realizados por la DGA detectaron 2.812 casos de intentos de exportar productos por debajo de su valor o importar mercaderías por arriba de su precio.
La Dirección General de Aduanas (DGA) realizó durante el año pasado investigaciones que permitieron identificar y denunciar más de 2.800 maniobras abusivas en operaciones de comercio exterior.
En un comunicado, el organismo detalló que “las irregularidades detectadas superan los 330 millones de dólares, en concepto de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones”.
“Implementamos un control inteligente de las operaciones de comercio exterior para evitar maniobras ilegales, proteger la industria nacional, el empleo y fomentar la exportación y la generación de valor agregado”, resaltó la directora general de la Aduana, Silvia Traverso.
“Las maniobras denunciadas por la DGA no solo erosionan los ingresos tributarios sino que suman tensiones sobre el mercado cambiario. Los productos involucrados incluyen materias primas, vehículos y motocicletas, entre otros”, remarcó el parte oficial.
La detección de las irregularidades fue realizada por un área de la DGA.
Los cruces de información realizados por la DGA detectaron 2.812 casos de intentos de exportar productos por debajo de su valor o importar mercaderías por arriba de su precio.
“Estas maniobras abusivas constituyen un factor que suma tensiones en el mercado de cambios. Por un lado, dada la menor cantidad de divisas que ingresan a la Argentina (para el caso de las subfacturación de ventas al exterior) y, por el otro (para los casos sobrefacturación de importaciones), por el intento de acceder a un monto mayor de dólares al tipo de cambio oficial”, sostuvo el organismo aduanero.
Los datos de la DGA muestran que el año pasado hubo en importaciones, 1.203 casos con sobrefacturación por US$ 98,76 millones.
A su vez, en las exportaciones el total de casos alcanzaron los 1609 por un monto de US$ 238,42 millones de subfacturación.
Estos casos son los que terminaron con denuncias judiciales hechas desde la Aduana o con multas que deben pagar las empresas involucradas para regularizar su situación.
