Un proyecto busca bloquear, producto del contexto de pandemia y crisis global, la posibilidad de cambio de control accionario sin autorización previa de la autoridad de aplicación correspondiente, cuyo incumplimiento habilitaría la rescisión unilateral del contrato de concesión.
El peronismo provincial, con acuerdo de otros sectores, impulsa en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que prohíbe que fondos comunes de inversión se hagan del control societario de firmas de servicios públicos, entre las que se encuentran las empresas prestadoras de energía eléctrica.
“Teniendo en cuenta las especiales circunstancias económicas que atraviesa nuestro país, es de especial importancia preservar que el control de las empresas prestadoras de servicios públicos en nuestra provincia no pasen a manos de sociedades o instrumentos financieros ajenos a la actividad, sólo interesados en una rentabilidad de corto plazo”, expresó el proyecto según informó la agencia de noticias Télam.
Los legisladores manifestaron que “la experiencia indica que es necesario que las empresas, ya sean públicas o privadas, prestadoras de servicios públicos, tengan un interés de largo plazo en la actividad, que las lleve, entre otras cosas, a cuidar los derechos de sus usuarios”.
El proyecto busca bloquear, producto del contexto de pandemia y crisis global, la posibilidad de cambio de control accionario sin autorización previa de la autoridad de aplicación correspondiente, cuyo incumplimiento habilitaría la rescisión unilateral del contrato de concesión.
El fondo de inversión o adquiriente “deberá acreditar fehacientemente y en forma previa la idoneidad para la prestación del servicio que se pretende brindar”, sostiene el proyecto de ley firmado por los diputados Pablo Garate, Rubén Eslaiman, Valeria Arata, Nicolás Russo, Alexis Guerrera, Micaela Morán, entre otros.
La intención es impedir que fondos sin ninguna idoneidad en la materia, solo en busca de un rédito económico a corto plazo, pasen a controlar a cualquiera de las empresas prestadoras energéticas, en perjuicio de toda la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires.
