Entre la inyección de recursos para pago de beneficios extraordinarios y los préstamos a tasa cero o negativa, el monto total de ayuda ascendería a 1,58 billones. Así lo estimó el IARAF en un completo informe.
El paquete fiscal y financiero tendría un costo/impacto de 1,58 billones de pesos, lo que equivaldría a 6% del PIB. El IFE, la asignación complementaria al salario, y los dos primeros créditos de la tabla anterior canalizan el 64,3% del paquete (1,02 billones de pesos y 3,8% del PIB). Así lo estimó el IARAF, que alertó además que prácticamente la totalidad de los recursos salen de una fuente: la emisión monetaria que lleva adelante el Banco Central.
Solo tomando en consideración los paquetes fiscales, se observa que a nivel mundial los países, en mayor o menor medida, han aprobado importantes presupuestos fiscales para atenuar el impacto económico del COVID-19. El país que hasta el momento desembolsó mayores recursos fue Japón, con un paquete fiscal del 21,1% del PBI, casi duplicando al de Estados Unidos, que lo sigue en la lista con 12,2% del PIB. En la región resalta el paquete fiscal implementado por Brasil (11% del PIB). “Comparado con las cifras de otros países, el paquete fiscal local se ubicaría en nievles intermedios o bajos, en alguna medida previsible, dado el escaso espacio fiscal que tiene un país sin acceso al crédito internacional y que no cuenta con un fondo de ahorro soberano”, sostiene el informe.
En el marco de la emergencia sanitaria se tomaron una serie de medidas destinadas a cuidar el ingreso de las familias, la producción y el empleo. El paquete de medías económicas de Argentina incluyó subsidios y préstamos, a individuos y a empresas.
Entre los subsidios a individuos se destacan los bonos y suplementos otorgados a sectores vulnerables. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo (4,2 millones de personas) y jubilados y pensionados (4 millones de ancianos) cobraron un bono extraordinario de $3.000. También los trabajadores del sector salud y seguridad recibieron bonos por $5.000.
Por otra parte, se creó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que consiste en un bono de $10.000 que busca paliar el impacto de la emergencia sanitaria sobre la economía de las familias más afectadas. Destinado en su diseño sólo a un integrante por grupo familiar, trabajador informal, monotributista social, monotributista categorías A y B, personal doméstico, beneficiarios de AUH-AUE o plan Progresar. Si bien el Gobierno había estimado que los beneficiarios serían 3,6 millones, finalmente fue otorgado a 9 millones de beneficiarios.
Entre los subsidios a empresas, resaltan los beneficios otorgados a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP). Incluye la asignación compensatoria al salario, donde el Estado se hace cargo del pago del 50% del salario de los trabajadores de empresas que vieron afectadas sus ventas por la pandemia. El monto máximo a pagar por empleado es de $33.750, equivalente a dos Salarios Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y un mínimo de uno ($16.875). Esta medida de asistencia también contempla la exención temporal de contribuciones a la seguridad social para empresas afectadas, ampliando del plazo de pago y se reduce hasta el 95% el pago de las contribuciones patronales.
El programa ATP alcanzó a 2,3 millones de empleados, es decir poco más de un tercio de los asalariados privados registrados, sobre un conjunto conformado por 6 millones de trabajadores a nivel nacional.
En lo que refiere a los préstamos a individuos, la batería de medidas incluyó créditos a tasa cero de hasta $150.000 para monotributistas y autónomos, pudiendo aplicar los independientes de todas las categorías (de la A a la K). Se depositó como saldo en la tarjeta de crédito del beneficiario en tres cuotas iguales y consecutivas, a devolver en 12 cuotas, con 6 meses de gracia. Unas 140.000 personas tramitaron este crédito.
Las líneas de préstamos a empresas contaron con créditos para el pago de sueldos a tasa fija del 24%. Destinado a PyMEs, con un periodo de gracia de tres meses, y créditos de BICE para MiPyMEs con tasa del 19% fija anual.
Por otra parte, se prorrogó hasta el 30 de junio, inclusive, el plazo para la adhesión a la moratoria para MiPyMEs, monotributistas, autónomos, cooperativas y clubes de barrio que tengan deudas impositivas, aduaneras y/o de la seguridad social.
En el caso de Argentina, las medidas de política fiscal de mayor impacto son el Ingreso Familiar de Emergencia (que, en este Foco suponemos que se cobra durante 3 meses) y la Asignación Complementaria al Salario (que también consideramos que se cobra durante 3 meses). Los costos de ambas medidas son, respectivamente, 240.000 millones y 210.000 millones de pesos, lo que equivale a un 50,4% del total del paquete fiscal. Otras medidas destacables son el aumento en el presupuesto de inversión pública ($100.000 millones), la reducción de cargas patronales en el marco del ATP ($67.083 millones) y la asistencia financiera a las provincias en el marco de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), por $66.000 millones de pesos. Así, el total del paquete fiscal tendrá un costo de cerca de $910 mil millones de pesos, lo que equivale a 3,4% del PIB.
Este paquete de medidas tiene un impacto considerable en las cuentas públicas: el déficit primario acumulado a mayo en el Sector Público Nacional, a precios constantes, es el más alto de los últimos 6 años (82% más alto que el segundo año con déficit más alto, 2015). El contraste con 2019 es notorio, pues para mayo de 2019 se había acumulado un leve superávit primario de $17.937 millones de pesos de diciembre de 2016.
Además de las medidas fiscales, el gobierno nacional también implementó un “paquete monetario/financiero”, especialmente a través del crédito subsidiado. Destacan los “créditos para garantizar la producción y el consumo” por un monto de $350.000 millones (1,3% del PIB) y créditos a tasa cero para el régimen simplificado de pequeños contribuyentes por $220.774 millones (0,8% del PIB). Estas dos medidas en su conjunto totalizan 84% del total de medidas financieras, medidas en términos de su costo. Otra medida destacable es el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que consiste en préstamos a provincias que los requieren, al que se destinará $60.000 millones. Así, el total del paquete financiero ascendería a 2,6% del PIB, aunque debe aclararse que aún no se ha ejecutado totalmente.
