El Gobierno había asegurado que el sábado se darían los detalles del proceso. La baja adhesión los hizo cambiar de idea y ahora empieza otra fase de negociación con los bonistas.
Serán dos semanas dramáticas para la economía argentina, que definirán si el país entra o no en default. El Gobierno oficializó la extensión del canje de deuda hasta el 22 de mayo, ante los pobres resultados que obtuvo la propuesta. Si bien no trascendieron cifras oficiales, en el mercado estiman que el nivel de adhesión no habría superado el 20%, un nivel paupérrimo para este tipo de transacciones.
Ahora será una carrera contra reloj para alcanzar un acuerdo, en medio de la queja de los distintos consorcios de bonistas por las dificultades para entablar una verdadera negociación con el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Si el Gobierno logra encaminar las negociaciones, se podría llegar a algún tipo de entendimiento con los bonistas para que no se declare el default aún no pagando el vencimiento del 22 de mayo. Esto lo hizo Ecuador hace menos de un mes, al aplicar una cláusula (“standstill”) que permite abrir un paréntesis en los plazos mientras se sigue negociando.
En caso de que no haya acuerdo, quedarían defaulteados los tres bonos con ley extranjera sobre los que ya se está aplicando el período de gracia de 30 días.
Una de las claves que podría destrabar un entendimiento es que la Argentina reconozca los intereses corridos en los nuevos bonos hasta el 2023, lo que mejoraría el valor de la oferta. Insólitamente la propuesta original no lo incluyó, pero es posible que sea una variable que quedó a ser negociada en esta instancia.
El Presidente Alberto Fernández se mostró menos intransigente en los últimos días y aseguró que no está en sus planes entrar en default, aunque al mismo tiempo reitera que es mejor eso que “un mal arreglo”.
Volver a entrar en cesación de pagos tendría fuertes consecuencias para la economía en el corto plazo. Podría aumentar más la brecha cambiaria y presionar sobre la inflacíon. Pero en una mirada más extensa generaría más incertidumbre económica, menos llegada de inversión, se endurecería más el cepo y las posibilidades de salir de la crisis desatada por la cuarentena quedarían mucho más acotadas.
